Momento para una pequeña confesión: A finales de septiembre, cuando Shell anunció que estaba cancelando su exploración petrolera marítima en el Ártico “por el futuro cercano”, mi alegría se tiñó inicialmente con una egoísta sombra de melancolía: ¿Cómo afectaría esto a nuestros planes de publicación de la ambiciosa investigación que Barry Yeoman estaba realizando para Audubon, referida a la forma en que Shell utiliza la intimidación para obtener aprobaciones normativas en Washington? ¿Significaba la decisión de Shell que la historia ya no era relevante? De hecho, así lo afirmó un portavoz de Shell al rechazar la solicitud de una entrevista por parte de Yeoman.
Entonces entré en razón. Shell no está abandonando la perforación del Ártico para siempre ni, en ese sentido, tampoco lo están haciendo sus competidores en el negocio de la extracción de carbón. Como señala Yeoman, las concesiones de Shell continúan durante otros cuatro años, y “cercano” o no, se citó al CEO de Shell Ben van Beurden hablando sobre futuras oportunidades en la Alaska septentrional, después del drástico anuncio de la compañía respecto a su retirada estratégica. Cuando el precio del petróleo vuelva a un punto que justifique el riesgo, el costo, y la potencial difamación de la marca entre los amantes del medioambiente, los gigantes del petróleo volverán a buscar la aprobación para perforar de nuevo.
Y cuando ese día llegue, la advertencia que Barry Yeoman ha preparado a partir de enormes pilas de documentos gubernamentales —muchos de ellos bajo el escrutinio del intrépido grupo de legislación ambiental Earthjustice, amparado por la Ley de Libertad de Información— será extraordinariamente relevante. Yeoman nos brinda habida cuenta del conflictivo y servil proceso detrás de la creación de la última declaración de impacto medioambiental, redactada por la Oficina de Administración de Energía Oceánica, respecto al plan de perforación de Shell. Y uno de los aspectos más inquietantes, e inesperados, de su historia es que no es para nada sorprendente. No está revelando ninguna mala conducta grave o conducta criminal: es solo que cuando una poderosa corporación paga $2,1 mil millones por concesiones de petróleo y tiene el peso político para ordenar audiencias en la Casa Blanca, los organismos reguladores se ven obligados a acelerar los procesos, tomar atajos, y transferir recursos de proyectos más merecedores con el fin de atender sus necesidades. La investigación de Yeoman, que con orgullo publicamos en esta edición, se tituló Business as usual (Aquí no ha pasado nada, en la versión impresa) por una razón. Esto no es la revelación de una excepción, es la anatomía de una regla.
Y por eso, independientemente de lo que espera Shell, este no es el momento de bajar la guardia, ni en el Ártico ni en ningún otro lugar.