Los recientes ataques a la Ley de Especies en Peligro de Extinción son de ayuda para la industria

Para la mayoría de los estadounidenses, la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 ha sido un gran éxito, salvando de la extinción aproximadamente al 99 porciento de las plantas y los animales incluidos en la lista, abarcando aves icónicas como el Águila Calva y la Grulla Trompetera. Pero está lejos de ser una industria cariño. Los que critican la ley argumentan que añade una carga innecesaria a los usuarios de tierras que se ven afectados por ella. Sus frustraciones, en cambio, han inspirado una nueva ola de esfuerzos políticos con la intención de hacer la ley más manejable para los negocios, un empujón que los conservacionistas temen que socave las especies que protege.

Según el Centro para la Diversidad Biológica, desde enero de 2017 se han presentado en el Congreso más de 75 proyectos de ley y modificaciones que simplificarían, restringirían o directamente debilitarían la ley, desde intentos de eliminar especies de la lista a eliminar la financiación de proyectos específicos. “La mayoría de esas propuestas son básicamente bombas de cabildeo a la ESA”, dice Ya-Wei Li, director de biodiversidad en Environmental Policy Innovation Center (Centro de Innovación de Políticas de Medioambiente), una organización sin fines de lucro que busca mejorar las políticas de conservación para la vida silvestre y las personas. Hasta ahora, ninguna de las legislaciones fue aprobada, pero siguen llegando: Este verano, el caucus occidental de la Cámara presentó un conjunto de nueve proyectos de ley que en parte añade una mayor carga a la burocracia de la ESA para que los listados se compliquen más. En el senado, John Barrasso (R-WY) presentó un anteproyecto de ley aparte que maximiza el poder estatal (y posiblemente el de la industria) por sobre los planes de recuperación.

Pero es posible que la amenaza más potente provenga del gobierno presidencial en sí mismo. En julio el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. y el Servicio Nacional de Pesca Marina, que administra la ESA, develaron un conjunto de revisiones diseñado supuestamente para optimizar la implementación de la ley. Algunos conservacionistas, sin embargo, ven la propuesta más como un intento de limitar la ley que de reformarla. “Es un ataque directo”, dice Brian Rutledge, director de Audubon’s Sagebrush Ecosystem Initiative. “En verdad está diciendo que las necesidades de la industria son mucho más importantes que las necesidades de las personas de los Estados Unidos y de la vida silvestre”.

Bajo esos cambios propuestos, las agencias que deciden si la colocación de una especie en la lista se permitiría para citar las pérdidas económicas potenciales del desarrollo perdido, y algunas unidades federales que asumen estos proyectos que podrían impactar más en las especies protegidas (digamos control de una llanura aluvial o una pared fronteriza) ya no necesitarían consultar con expertos de vida silvestre de otras agencias.

Además, las plantas y los animales en riesgo ya no tendrían derecho de forma predeterminada a las mismas protecciones que las especies en peligro de extinción. Este cambio no afectaría retroactivamente a las especies que ya figuran en la lista, pero podría resultar en menos medidas para aquellos que actualmente se consideran para la ESA, incluidos el Pico Ártico y Frailecillo Coletudo​ y un puñado de otras especies hermosas de aves.

La propuesta también echaría para atrás una regla que restringe el desarrollo en áreas que las especies en peligro no ocupan actualmente pero podrían llegar a hacerlo en un futuro. Eso podría dificultar los esfuerzos de recuperar la vida silvestre que ocupa una fracción de su hábitat histórico y hacer que sea más difícil preservar potenciales refugios del clima, como aquellos identificados en el Informe de Cambio Climático y Aves de Audubon.

Los conservacionistas debaten que es posible reformar la ESA sin oponer a grupos del medioambiente contra las industrias. De hecho “hay muchas oportunidades para intereses comunes”, comenta Li. Por ejemplo, Ethan Lane, director ejecutivo del programa federal de tierras “National Cattlemen's Beef Association”, dice que si bien los ganaderos tienen prejuicios acerca de la forma en que se implementa la ley, reconocen a los ecosistemas saludables como elemento fundamental para la subsistencia. Durante los últimos tres años Lane, Li y Rutledge han participado de un esfuerzo encabezado por Western Governors’ Association (Asociación de Gobernadores del Oeste) para que busquen soluciones viables a los conflictos de la ESA, como incentivar medidas de conservación voluntarias que podrían ayudar a fomentar la disminución de especies antes de que se requiera la intervención de la agencia. Ese es el enfoque que en 2015 resultó en una colaboración para mantener al Urogallo de las Artemisas fuera de la lista de especies en peligro de extinción al proteger el ecosistema artemisa en 10 estados, un plan que ahora el Departamento del Interior está intentando anular.

Pero incluso a medida que buscan estrategias más constructivas, los conservacionistas se ven obligados a estar a la defensa ante intentos políticos de mermar la herramienta más fundamental de la nación para preservar la vida silvestre. La propuesta del gobierno de Trump está abierta a los comentarios públicos hasta el 24 de septiembre, y si avanza, los grupos ecológicos probablemente impugnen varias normas en tribunales. En una era en donde tantas especies se acercan a la extinción, Rutledge afirma “simplemente no tenemos tiempo para este disparate”.

Este artículo se publicó originalmente en la edición de otoño de 2018 como “Risky Business”. Para recibir el ejemplar impreso de la revista, hágase miembro realizando una donación hoy mismo.